La Comisión Europea ha propuesto un nuevo instrumento para contrarrestar el uso de la coerción económica por parte de terceros países. Este instrumento jurídico es una respuesta a la presión económica deliberada de la que la UE y sus Estados miembros han sido objeto en los últimos años. Se reforzará así el actual conjunto de instrumentos de la UE, permitiéndole defenderse mejor en el escenario internacional.
El objetivo es disuadir a terceros países de restringir o amenazar con restringir el comercio o la inversión para provocar cambios en la política de la UE en ámbitos como el cambio climático, la fiscalidad o la seguridad alimentaria. El instrumento de lucha contra la coerción está diseñado para frenar la escalada de medidas coercitivas específicas e inducir su suspensión, recurriendo al diálogo como primer paso. Las contramedidas adoptadas por la UE se aplicarían únicamente como último recurso cuando no existiera otra manera de hacer frente a las prácticas de intimidación económica, que pueden adoptar muchas formas: desde instrumentos de coerción y defensa comercial explícitos utilizados por otros países contra la UE, hasta controles selectivos fronterizos o de seguridad alimentaria de las mercancías procedentes de un cierto país de la UE, pasando por el boicot a los productos de un determinado origen. Se busca así preservar el derecho legítimo de la UE y los Estados miembros a adoptar estrategias y decisiones políticas, así como evitar injerencias graves en la soberanía de la UE o de sus Estados miembros.
