Se ha celebrado en Bruselas la sexta reunión de alto nivel de la Alianza Europea de Baterías para debatir los progresos en el desarrollo de la cadena de valor de las baterías en Europa y abordar los retos más acuciantes para el futuro. La Comisión también presentó los ámbitos prioritarios en 2022 para el trabajo de la Alianza Europea de Baterías.
A pesar de la pandemia y de las importantes perturbaciones de suministro, la UE ha seguido avanzando en el establecimiento de una cadena de valor de las baterías innovadora, sostenible y competitiva a escala mundial. En la reunión de alto nivel se señaló que hay 111 importantes proyectos en desarrollo relativos a las pilas y baterías en diversos Estados miembros de la UE, con un total estimado de 127 000 millones de euros invertidos a lo largo de toda la cadena de valor.
La Comisión Europea ha adoptado una propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. La propuesta tiene por objeto fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Las empresas desempeñan un papel clave en la construcción de una economía y una sociedad sostenibles. Se les exigirá que determinen y, en caso necesario, prevengan, atajen o mitiguen los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos (por ejemplo, trabajo infantil y explotación de los trabajadores) y en el medio ambiente (por ejemplo, contaminación y pérdida de biodiversidad). Para las empresas, estas nuevas normas aportarán seguridad jurídica y condiciones de competencia equitativas. Para los consumidores y los inversores, aportarán más transparencia. Las nuevas normas de la UE impulsarán la transición ecológica y protegerán los derechos humanos en Europa y fuera de ella.
Varios Estados miembros ya han introducido normas nacionales sobre diligencia debida y algunas empresas han adoptado medidas por iniciativa propia. Sin embargo, es necesaria una mejora a mayor escala que es difícil de lograr con una acción voluntaria. Esta propuesta establece un deber de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad para hacer frente a sus repercusiones negativas en los derechos humanos y el medio ambiente.
La Comisión presenta su Comunicación sobre el trabajo digno en todo el mundo, que reafirma el compromiso de la UE de defender el trabajo digno tanto a nivel interno como en el resto del mundo. El elemento central de este esfuerzo es la eliminación del trabajo infantil y del trabajo forzoso.
Las últimas cifras muestran que el trabajo digno sigue sin ser una realidad para muchas personas en todo el mundo y que aún queda mucho por hacer: 160 millones de niños (uno de cada diez en todo el mundo) se encuentran en situación de trabajo infantil, y 25 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso.
La Comisión propone nuevas normas sobre quién puede utilizar los datos generados en la UE en todos los sectores económicos y acceder a ellos. La Ley de Datos garantizará la equidad en el entorno digital, estimulará un mercado de datos competitivo, brindará oportunidades a las empresas y hará que los datos sean más accesibles para todos. Dará lugar a nuevos servicios, innovadores y a precios más competitivos, para los servicios posventa y la reparación de objetos conectados. Este último componente horizontal de la estrategia de datos de la Comisión desempeñará un papel clave en la transformación digital, en consonancia con los objetivos digitales para 2030.
Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital, ha declarado: «Queremos ofrecer a los consumidores y a las empresas un mayor control sobre lo que puede hacerse con sus datos, aclarando quién puede acceder a los datos y en qué condiciones. Se trata de un principio digital clave que contribuirá a crear una economía sólida y justa impulsada por los datos y que guiará la transformación digital de aquí a 2030».
La Comisión ha publicado la segunda edición del análisis en profundidad de las dependencias estratégicas de Europa. El informe examina cinco ámbitos (las tierras raras y el magnesio, las sustancias químicas, los paneles solares, la ciberseguridad y los programas informáticos) en los que Europa se enfrenta a dependencias estratégicas de terceros países. El objetivo es fomentar una mejor comprensión de los riesgos y las posibilidades para abordarlos.