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La Comisión Europea invita a los ciudadanos, las empresas, los interlocutores sociales, el mundo académico, los organismos de la Administración y todas las partes interesadas a que formulen observaciones sobre el proyecto de Directrices sobre la aplicación de la legislación de competencia de la UE a los convenios colectivos relativos a las condiciones laborales de los trabajadores por cuenta propia sin asalariados. El proyecto de directrices forma parte de un paquete que incluye también una propuesta de Directiva sobre la mejora de las condiciones laborales en el trabajo en plataformas digitales y una Comunicación sobre el aprovechamiento de todos los beneficios de la digitalización para el futuro del trabajo.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital y de la Política de Competencia, ha declarado: «La digitalización no solo afecta a la manera en que las empresas hacen negocios, sino también al modo en que las personas trabajan. Ha creado oportunidades, pero también ha supuesto dificultades para algunas personas. Incluso fuera de la economía de plataformas digitales, a algunos trabajadores por cuenta propia sin asalariados les cuesta influir en sus condiciones laborales. Estamos celebrando consultas sobre un proyecto de Directrices cuyo objeto es aportar seguridad jurídica al dejar claro cuándo el Derecho de la competencia no obstaculiza los esfuerzos de estas personas por negociar colectivamente un mejor convenio».

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo instrumento para contrarrestar el uso de la coerción económica por parte de terceros países. Este instrumento jurídico es una respuesta a la presión económica deliberada de la que la UE y sus Estados miembros han sido objeto en los últimos años. Se reforzará así el actual conjunto de instrumentos de la UE, permitiéndole defenderse mejor en el escenario internacional.

El objetivo es disuadir a terceros países de restringir o amenazar con restringir el comercio o la inversión para provocar cambios en la política de la UE en ámbitos como el cambio climático, la fiscalidad o la seguridad alimentaria. El instrumento de lucha contra la coerción está diseñado para frenar la escalada de medidas coercitivas específicas e inducir su suspensión, recurriendo al diálogo como primer paso. Las contramedidas adoptadas por la UE se aplicarían únicamente como último recurso cuando no existiera otra manera de hacer frente a las prácticas de intimidación económica, que pueden adoptar muchas formas: desde instrumentos de coerción y defensa comercial explícitos utilizados por otros países contra la UE, hasta controles selectivos fronterizos o de seguridad alimentaria de las mercancías procedentes de un cierto país de la UE, pasando por el boicot a los productos de un determinado origen. Se busca así preservar el derecho legítimo de la UE y los Estados miembros a adoptar estrategias y decisiones políticas, así como evitar injerencias graves en la soberanía de la UE o de sus Estados miembros.

La Comisión ha adoptado nuevas normas sobre software de código abierto que permitirán que sus soluciones de software sean de acceso público siempre que existan beneficios potenciales para los ciudadanos, las empresas u otros servicios públicos. El reciente estudio de la Comisión sobre el impacto del software y hardware de código abierto en la independencia tecnológica, la competitividad y la innovación en la economía de la UE mostró que la inversión en código abierto genera una rentabilidad media cuatro veces superior. Los servicios de la Comisión podrán publicar el código fuente del software que poseen en mucho menos tiempo y con menos burocracia.

En palabras de Johannes Hahn, comisario de Presupuesto y Administración: «El código abierto ofrece grandes ventajas en un ámbito en el que la UE puede desempeñar un papel de liderazgo. Las nuevas normas aumentarán la transparencia y ayudarán a la Comisión, así como a los ciudadanos, las empresas y los servicios públicos de toda Europa, a beneficiarse del desarrollo de software de código abierto. Poner en común los esfuerzos para mejorar el software y la creación conjunta de nuevas funciones reduce los costes para la sociedad, ya que también nos beneficiamos de las mejoras realizadas por otros desarrolladores. Esto también puede mejorar la seguridad, ya que especialistas externos e independientes comprueban los fallos y las deficiencias de seguridad de los programas informáticos».

La Comisión Europea ha adoptado una evaluación preliminar positiva de la solicitud por parte de España de un pago por valor de 10 000 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR),el mecanismo clave central en NextGenerationEU. Esta es la primera solicitud de pago presentada por un Estado miembro aprobada por la Comisión y marca un hito importante en la aplicación del Mecanismo.

El 11 de noviembre de 2021, España presentó a la Comisión una solicitud de pago basada en la consecución de los 52 hitos seleccionados en la Decisión de Ejecución del Consejo para el primer tramo. Se trata de reformas en los ámbitos de la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la descarbonización, la conectividad, la administración pública, las cualificaciones, la educación y la política social, la investigación y el desarrollo, la política laboral y fiscal, y el sistema español de auditoría y control de la aplicación del MRR. La presentación de la primera solicitud de pago por parte de España siguió a un período de intensa cooperación entre las autoridades españolas y la Comisión en la preparación de las pruebas que demostraran el cumplimiento satisfactorio de los hitos incluidos en la solicitud de pago.

La Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber tomado medidas suficientes contra la contaminación por nitratos. El objetivo del Pacto Verde Europeo es que la UE alcance una contaminación cero, lo que beneficiará a la salud pública, al medio ambiente y a la neutralidad climática.

Con arreglo a la Directiva sobre nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo), los Estados miembros deben controlar sus aguas e identificar las afectadas o que puedan verse afectadas por la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias. También están obligados a calificar las superficies cuya escorrentía fluya hacia esas aguas como zonas vulnerables a los nitratos y a establecer programas de acción adecuados para prevenir y reducir la contaminación por esa causa.