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En la Cumbre Social de Oporto, que tuvo lugar en mayo, los dirigentes de la UE acogieron favorablemente el objetivo de conseguir, a escala de la UE, que el 60 % de los adultos participen en formaciones cada año de aquí a 2030. La Comisión ha dado un paso importante para ayudar a los Estados miembros a alcanzar este objetivo y presenta dos propuestas de Recomendaciones del Consejo sobre las cuentas de aprendizaje individuales y las microcredenciales, tal y como se anunció, en 2020, en la Agenda de Capacidades y en la Comunicación del Espacio Europeo de Educación.

Poseer una base sólida de capacidades brinda a las personas nuevas oportunidades, proporciona una red de seguridad en tiempos de incertidumbre, promueve la inclusión y el progreso social, y ofrece mano de obra cualificada, necesaria para el crecimiento y la innovación de la economía. La adecuación de las capacidades de los trabajadores es la clave para el éxito de la doble transición digital y ecológica. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más la necesidad de reciclaje profesional y mejora de las capacidades de la mano de obra, con el fin de lograr la adaptación a un mercado laboral en constante evolución y cubrir las necesidades de los distintos sectores.

La Comisión Europea ha presentado un plan de acción para ayudar a la economía social europea a prosperar, aprovechando su potencial económico y de creación de empleo, así como su contribución para una recuperación justa e inclusiva, y para las transiciones ecológica y digital.

Las organizaciones de la economía social son entidades que priorizan los fines sociales y medioambientales, reinvirtiendo en ellas mismas la mayor parte de sus beneficios. En Europa existen 2,8 millones de entidades de la economía social que dan empleo a 13,6 millones de personas y ofrecen soluciones para los principales desafíos de nuestras sociedades. Estas entidades abarcan gran variedad de sectores, desde los servicios asistenciales al reciclaje, y adoptan diversas formas, desde cooperativas hasta empresas sociales. El refuerzo de la economía social no solo crea puestos de trabajo, sino que también permite a las organizaciones aumentar su impacto social en toda la UE. El Plan de Acción para la Economía Social que se presenta hoy facilita el progreso y el crecimiento de las organizaciones de la economía social. 

La Comisión Europea presenta una iniciativa para ampliar la lista de «delitos de la UE» a la incitación al odio y los delitos motivados por el odio, tal como anunció la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión de 2020.

La incitación al odio y los delitos motivados por el odio han experimentado un fuerte aumento en toda Europa y se han convertido en un fenómeno especialmente grave y preocupante, tanto en línea como fuera de línea. Es necesaria una acción común de la UE para hacer frente a este reto a escala de la Unión. Sin embargo, no existe actualmente ninguna base jurídica para tipificar como delito la incitación al odio y los delitos motivados por el odio a nivel de la UE. La lista existente de delitos de la UE en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) debe ampliarse para garantizar unas normas mínimas comunes sobre la manera de definir las infracciones penales y las sanciones aplicables en todos los Estados miembros de la UE. La iniciativa de hoy es el primer paso en el proceso de ampliación de la lista de delitos de la UE. El siguiente paso será que los Estados miembros aprueben la iniciativa antes de que la Comisión pueda presentar una propuesta legislativa. 

La Comisión Europea ha aprobado, en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen español por valor de 3 000 millones de euros para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación, así como las medidas de protección del medio ambiente y la eficiencia energética adoptadas por las empresas en la cadena de valor de los vehículos eléctricos y conectados. El régimen de ayudas ayudará a España a acelerar la transición hacia una movilidad más sostenible y conectada, sin falsear indebidamente la competencia. Se financiará en parte con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), tras la evaluación positiva de la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia español y su adopción por el Consejo.

La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: «Este régimen español por valor de 3 000 millones de euros contribuirá a facilitar una cadena de valor innovadora y sostenible de los vehículos eléctricos, en consonancia con las normas sobre ayudas estatales de la UE y los objetivos del Pacto Verde Europeo. Desempeñará un papel importante en la recuperación ecológica y digital de la economía española, al tiempo que se reducirán al mínimo los posibles falseamientos de la competencia».

La Comisión Europea propone un conjunto de medidas para mejorar las condiciones laborales en las plataformas digitales y contribuir al crecimiento sostenible de dichas plataformas en la Unión.

Las nuevas normas garantizarán que las personas que trabajan a través de plataformas digitales puedan disfrutar de los derechos laborales y las prestaciones sociales a los que tienen derecho. Estas personas también se beneficiarán de protección adicional con respecto al uso de la gestión algorítmica (es decir, sistemas automatizados que ayudan o sustituyen a las funciones de gestión en el trabajo). Un conjunto común de normas de la Unión proporcionará mayor seguridad jurídica, permitiendo así que las plataformas digitales se beneficien plenamente del potencial económico del mercado único y de unas condiciones de competencia equitativas.